Durante la Feria Nacional Forestal 2026, realizada el 4 y 5 de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, autoridades federales y de Jalisco presentaron y respaldaron el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares. El instrumento reúne a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el gobierno estatal, ejidos, comunidades, academia y sectores productivos alrededor de una agenda que combina restauración, conservación, silvicultura comunitaria, combate a la tala ilegal y desarrollo de cadenas de valor.
El planteamiento busca que la política forestal deje de limitarse a la reforestación episódica y se convierta en una estrategia económica para los territorios rurales. Eso implica reconocer que los bosques, las selvas y los manglares no sólo son reservas de biodiversidad: también sostienen el abasto de agua, protegen cuencas, reducen riesgos climáticos, generan empleo y aportan materias primas para industrias como la madera, el turismo de naturaleza, los alimentos no maderables y algunas actividades agropecuarias.
En breve
- El acuerdo contiene diez líneas de acción, entre ellas restauración, manejo forestal comunitario, protección de manglares, prevención de incendios y combate a la tala ilegal.
- Jalisco y la CONAFOR anunciaron una bolsa conjunta de 30 millones de pesos, con aportaciones de 15 millones de cada institución, para apoyar acciones de conservación en ejidos y comunidades.
- El reto central será traducir el pacto en convenios, metas medibles, reglas de operación y mecanismos de seguimiento que permitan saber qué recursos llegan al territorio y con qué resultados.
Un acuerdo con implicaciones económicas
El documento consultado en el sistema de mejora regulatoria federal establece diez compromisos. Entre ellos aparecen la conservación y restauración de bosques y selvas; la protección de manglares; la producción agropecuaria libre de deforestación; el fortalecimiento de la silvicultura comunitaria; el apoyo a empresas forestales dirigidas por mujeres; el desarrollo de cadenas de valor sostenibles; el financiamiento de pagos por servicios ambientales; el manejo del fuego; el combate a la tala ilegal y la modernización de trámites forestales y agrarios.
La amplitud de la agenda es relevante porque conecta objetivos ambientales con decisiones de inversión. Para una comunidad forestal, por ejemplo, la conservación puede traducirse en pagos por servicios ambientales, permisos de aprovechamiento, asistencia técnica y acceso a compradores formales. Para una empresa maderera, el acuerdo puede contribuir a contar con proveedores legales y trazables. Para productores de aguacate, agave, café, cacao o ganadería, la reducción de la deforestación puede convertirse en una condición cada vez más importante para acceder a mercados y financiamiento.
Sin embargo, el acuerdo no equivale por sí mismo a un nuevo programa presupuestario. El expediente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria consultado para esta nota describía el instrumento como un anteproyecto y no reportaba una fecha establecida de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por ello, la implementación dependerá de cómo se conecte con programas existentes, reglas de operación, convenios de coordinación y presupuestos federales y estatales.
Jalisco ofrece una primera prueba territorial
El gobierno de Jalisco anunció una bolsa conjunta de 30 millones de pesos con la CONAFOR para respaldar acciones de protección de ecosistemas estratégicos en ejidos y comunidades. La entidad también reportó un mecanismo de pago por servicios ambientales que beneficia a 32 grupos agrarios y comunidades de 22 municipios, con acciones de conservación en más de 14 mil 900 hectáreas.
Estos datos permiten observar una diferencia importante entre una declaración nacional y una política operativa. La bolsa anunciada tiene un monto, instituciones aportantes y posibles beneficiarios identificados. El siguiente paso será conocer la distribución territorial, los criterios de selección, el calendario de ejercicio, las obligaciones de los beneficiarios y los indicadores para verificar si la inversión se traduce en restauración, vigilancia, prevención de incendios o recuperación de cuencas.
Jalisco también fijó una meta estatal de 250 mil plantas nuevas durante 2026 y planteó que la entidad sea la primera en adherirse formalmente al acuerdo. No obstante, la cantidad de plantas no basta para medir el impacto ambiental. La supervivencia de los ejemplares, la selección de especies nativas, el mantenimiento posterior y la restauración de suelos serán variables más útiles para evaluar la efectividad de la reforestación.
La comunidad será el punto de control
La participación comunitaria ocupa un lugar central en el pacto. La SEMARNAT ha señalado que cerca de 11 millones de personas viven en zonas con vegetación forestal y que una parte importante pertenece a pueblos indígenas y afromexicanos. Además, la CONAFOR identifica a casi 17 mil ejidos y comunidades como actores relevantes en la protección de los ecosistemas forestales.
En términos productivos, esto significa que el acuerdo tendrá que reconocer las capacidades y limitaciones de las comunidades. Simplificar trámites puede reducir costos, pero no sustituye la asistencia técnica, la organización interna, el acceso al crédito ni la infraestructura para transformar y comercializar productos. Sin aserraderos comunitarios, centros de acopio, certificación, transporte y compradores formales, el aprovechamiento legal puede seguir siendo menos competitivo que las actividades informales o los cambios de uso de suelo.
El apoyo a empresas forestales encabezadas por mujeres también plantea una oportunidad para diversificar los ingresos locales. Esa línea puede abarcar madera, resinas, fibras, plantas medicinales, artesanías, alimentos, ecoturismo y servicios de restauración. Para que no quede en una meta declarativa, será necesario publicar cuántas empresas recibirán apoyo, qué tipo de financiamiento obtendrán y cuál será su permanencia después de concluido el subsidio inicial.
Cuatro indicadores para vigilar la implementación
El primer indicador debería ser financiero: cuánto dinero se compromete, cuánto se entrega y cuánto se ejerce por estado, municipio y comunidad. El segundo debe ser territorial: cuántas hectáreas se conservan o restauran y en qué condiciones se encuentran. El tercero tiene que medir resultados productivos, como volumen de madera legal comercializada, número de empresas comunitarias activas y empleos generados. El cuarto debe concentrarse en la legalidad: denuncias, inspecciones, decomisos, trazabilidad y reducción de puntos de tala ilegal.
También será necesario incorporar indicadores de agua y riesgo climático. La protección forestal puede mejorar la infiltración, reducir la erosión y contribuir a la seguridad hídrica de ciudades y zonas agrícolas, pero esos efectos requieren mediciones de mediano plazo. En el caso de los manglares, la restauración debería evaluarse junto con la protección costera, la pesca, la biodiversidad y la reducción de vulnerabilidad ante tormentas.
La política productiva dependerá de la coordinación
La Feria Nacional Forestal mostró que el acuerdo cuenta con una coalición amplia, pero también reveló la complejidad institucional de su ejecución. La federación debe coordinar programas, reglas y vigilancia; los estados y municipios deben facilitar la operación territorial; las comunidades deben participar en las decisiones y recibir beneficios; las empresas tienen que demandar productos legales, y la academia puede aportar información para evaluar restauración y manejo.
El Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares puede convertirse en una plataforma para ordenar esa relación entre conservación y economía. Su prueba, sin embargo, no estará en la firma ni en el número de compromisos, sino en la capacidad de llevar recursos, asistencia y mercados a los territorios forestales. Para el sector empresarial y las comunidades, la señal decisiva será la existencia de reglas previsibles y compradores dispuestos a pagar por productos legales y libres de deforestación. Para la sociedad, será la publicación periódica de resultados verificables.
Fuentes consultadas
- Metrópoli Jalisco, 5 de septiembre de 2026: información sobre la Feria Nacional Forestal, la bolsa conjunta anunciada en Jalisco y las metas estatales.
- COFEMER-SIMIR, anteproyecto del Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares: diez líneas de acción y alcance institucional.
- CONAFOR-SEMARNAT: antecedentes de la coordinación federal con Jalisco y contexto social de las zonas forestales.
- Diario Oficial de la Federación: Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar.