El cierre del primer año del ciclo 37 del Tratado de Aguas de 1944 no debe leerse únicamente como una cifra de cumplimiento frente a Estados Unidos. El 24 de octubre de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México alcanzó el volumen mínimo anual convenido para entregar agua del Río Bravo, en un contexto de sequía extrema. El dato reduce la presión diplomática inmediata, pero abre una pregunta de política pública: cómo se administrará la cuenca durante el siguiente año sin convertir el cumplimiento internacional en una promesa de disponibilidad que el sistema físico no puede sostener.
La diferencia es relevante porque el tratado distribuye caudales y fija una referencia de entrega, mientras que la operación cotidiana depende de presas, escurrimientos, afluentes, consumos urbanos, riego y decisiones coordinadas entre autoridades federales, estatales y binacionales. La propia Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) señala que la contabilidad considera estaciones hidrométricas, extracciones y almacenamientos en las presas internacionales La Amistad y Falcón. ([cila.sre.gob.mx](https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/boletines/11-doctos/spa/aggregate))
La regla internacional fija un promedio, no una reserva garantizada
El Tratado de 1944 asigna a Estados Unidos una tercera parte del caudal que llega al Río Bravo desde seis afluentes mexicanos: los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, además del arroyo Las Vacas. Esa tercera parte no debe ser menor, como promedio en ciclos de cinco años consecutivos, de 350 mil acres-pie anuales, equivalentes a aproximadamente 431.7 millones de metros cúbicos. En términos quinquenales, la referencia mínima suma 1.75 millones de acres-pie.
Por eso, el cumplimiento anunciado para el primer año del ciclo 37 debe entenderse como una meta operativa anual dentro de un mecanismo de cinco años, no como una transferencia separada de cualquier otra obligación ni como una garantía de que la cuenca recuperó su capacidad. La normativa también contempla que, ante una sequía extraordinaria o un accidente grave en los sistemas hidráulicos, los faltantes existentes al final de un ciclo puedan reponerse en el siguiente. El tratado, sin embargo, no define por sí mismo todos los criterios técnicos para calificar una sequía como extraordinaria; esa interpretación requiere coordinación binacional y evidencia hidrológica.
El acuerdo técnico anunciado el 3 de febrero de 2026 buscó ordenar las entregas conforme a las condiciones de la cuenca, al tiempo que priorizó el consumo humano y la producción agrícola en México. La SRE presentó esa ruta como una forma de dar mayor previsibilidad a la gestión del agua y de proteger la soberanía hídrica nacional. ([gob.mx](https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-acuerdan-un-plan-tecnico-para-la-gestion-del-agua-en-la-cuenca-del-rio-bravo-conforme-al-tratado-de-1944-418567?state=published&utm_source=openai))
Quién decide, quién mide y quién absorbe el riesgo
La SRE conduce la dimensión diplomática y la relación con Estados Unidos, pero no controla por sí sola el agua disponible. La CILA mexicana lleva la contabilidad binacional mediante datos de estaciones hidrométricas, información de consumos y estimaciones semanales de almacenamiento. La Comisión Nacional del Agua participa en la administración de la infraestructura y en la coordinación de los usos nacionales, mientras que los gobiernos estatales, organismos operadores y usuarios agrícolas enfrentan las consecuencias concretas de cada decisión de extracción, almacenamiento o entrega.
La responsabilidad institucional, por tanto, está dividida. La CILA puede registrar volúmenes y condiciones; la SRE puede negociar mecanismos de cumplimiento; Conagua y las autoridades hidráulicas deben ordenar la distribución interna; y los usuarios necesitan información suficiente para programar siembras, abastecimiento urbano e inversiones. Una de las tareas pendientes es hacer visible cómo se traduce cada entrega registrada en disponibilidad para los usuarios mexicanos, especialmente cuando el agua se mueve entre afluentes, presas internacionales y redes de riego.
El 12 de octubre, antes del cierre anual, la CILA reportó un almacenamiento preliminar de 1,042.631 millones de metros cúbicos en La Amistad, equivalente a 25.8% de llenado, y de 573.108 millones de metros cúbicos en Falcón, con 17.6%. También registró caudales reducidos en varios afluentes mexicanos, aunque el río Salado presentaba un gasto mayor que el resto de los cauces reportados. Son datos que ilustran por qué el cumplimiento contractual y la condición física de la cuenca deben analizarse por separado. ([cila.sre.gob.mx](https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/linea-divisoria/72?start=2&utm_source=openai))
El impacto práctico se concentra en la frontera y el campo
La presión no se distribuye de manera uniforme. Las presas La Amistad y Falcón son instalaciones binacionales, pero su operación incide en territorios mexicanos como Ciudad Acuña, Coahuila, y la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La CILA describe ambos embalses como infraestructura destinada al control de avenidas y al almacenamiento para usos municipales, agrícolas, industriales y de generación eléctrica. Eso significa que una reducción de reservas puede afectar simultáneamente el riego, el abasto de poblaciones y la capacidad de responder a variaciones súbitas del caudal. ([cila.sre.gob.mx](https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/boletines/11-doctos/spa/aggregate))
Los usuarios agrícolas de la cuenca enfrentan una incertidumbre distinta a la de la cancillería. Para ellos, no basta con saber que México cumplió un volumen mínimo: necesitan conocer la asignación disponible, la fecha de las extracciones, las reglas de distribución y el nivel de seguridad con el que se programará cada ciclo de riego. En las ciudades fronterizas, la prioridad normativa del consumo humano exige que los organismos operadores dispongan de planes de abasto y de información sobre la calidad y continuidad del suministro.
El anuncio de la SRE sostuvo que el cumplimiento se alcanzó sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos. Esa es una posición oficial que deberá comprobarse mediante información desagregada: volúmenes extraídos por afluente, aportaciones de cada presa, entregas a Estados Unidos, almacenamiento propiedad de México y programación de agua para los distritos y ciudades. Sin esa trazabilidad, el debate queda reducido a una comparación entre una cuota internacional y un porcentaje de llenado.
Los pendientes para el segundo año del ciclo 37
El siguiente año exigirá algo más que nuevas negociaciones de cierre. La prioridad institucional debería ser construir un tablero público y actualizado que permita seguir, al menos, cuatro variables:
- Contabilidad: cuánto se ha entregado a Estados Unidos por afluente y cuánto falta para las metas anual y quinquenal.
- Almacenamiento: qué volumen pertenece a México y qué volumen corresponde a Estados Unidos en La Amistad y Falcón.
- Abasto nacional: qué reservas quedan comprometidas para consumo humano, riego agrícola y usos industriales.
- Escenarios: qué medidas se aplicarían si persiste la sequía, aumentan los escurrimientos o se reduce la aportación de los tributarios.
También será necesario precisar cómo se aplicará en la práctica el acuerdo técnico de febrero. El principio de priorizar el consumo humano y la producción agrícola debe acompañarse de criterios verificables, calendarios de decisión y mecanismos de participación para estados, municipios, distritos de riego y organizaciones de usuarios. De lo contrario, la previsibilidad quedará limitada al ámbito diplomático, mientras que la operación nacional continuará dependiendo de decisiones fragmentadas.
El primer año del ciclo 37 termina con el compromiso anual cubierto, pero no con la incertidumbre resuelta. El reto para México será demostrar que la coordinación binacional puede coexistir con una administración interna transparente, medible y capaz de anticipar los costos de la escasez. En la cuenca del Río Bravo, la discusión ya no consiste sólo en cuánto se entrega: consiste en quién decide sobre el agua disponible, con qué datos y bajo qué reglas se protege a los usuarios mexicanos cuando las presas siguen bajo presión.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de México: plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, 3 de febrero de 2026.
- CILA, sección mexicana: contabilidad, almacenamiento, afluentes e infraestructura del Río Bravo.
- CILA, sección mexicana: condiciones preliminares de las presas internacionales y afluentes al 12 de octubre de 2026.
- La Jornada: reporte sobre el cumplimiento del volumen mínimo anual, 24 de octubre de 2026.
- Diario Oficial de la Federación: texto del Tratado de Aguas de 1944 y referencia al volumen mínimo de 350 mil acres-pie.