La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron abrir mesas de diálogo durante la semana del 14 de septiembre de 2026 para revisar aspectos del Paquete Económico 2027, entre ellos los límites a las deducciones fiscales y el impacto de algunas medidas sobre los costos empresariales. El entendimiento se informó el viernes 11 de septiembre, después de una reunión del Consejo Nacional del CCE con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en la Ciudad de México. El Universal reportó que el sector privado también planteó preservar el grado de inversión, reducir el déficit y desacelerar el crecimiento de la deuda.
El anuncio ocurre tres días después de que el Ejecutivo federal entregó al Congreso de la Unión su propuesta fiscal y presupuestaria para 2027. Por eso, el punto central no es todavía una modificación legal, sino el inicio de una negociación técnica sobre iniciativas que aún deben ser discutidas, dictaminadas y, en su caso, aprobadas por el Poder Legislativo.
En breve
- Hacienda, el SAT y el CCE analizarán los efectos de las medidas fiscales incluidas en la propuesta para 2027.
- La mayor inquietud empresarial se concentra en los límites a las deducciones, particularmente para compañías con márgenes reducidos.
- El resultado de las mesas deberá medirse en cambios concretos a la propuesta, no sólo en la continuidad del diálogo.
Qué está en disputa
La discusión sobre deducciones parte de una preocupación de Hacienda: evitar que empresas con esquemas considerados agresivos reduzcan de manera excesiva su base gravable y terminen pagando poco o ningún impuesto. El planteamiento busca que quienes hoy no cumplen con sus obligaciones fiscales contribuyan al fisco, sin crear necesariamente un nuevo impuesto general.
El problema señalado por el CCE es que una regla uniforme puede producir efectos distintos según el modelo de negocio. De acuerdo con lo explicado por el presidente del organismo, José Medina Mora, la propuesta contempla que las empresas con deducciones superiores a aproximadamente 97% de sus ingresos sólo puedan deducir ese porcentaje, mientras que para compañías con una proporción menor el límite sería cercano a 99%. En términos contables, la diferencia puede ser relevante para distribuidores de automóviles, mayoristas, tiendas de autoservicio y comercios que operan con márgenes estrechos. La información publicada por El Universal atribuye esta preocupación directamente al CCE.
La tensión, por tanto, no se reduce a una disputa entre pagar o no pagar impuestos. La pregunta es si el diseño de la medida distingue entre una empresa que utiliza planeación fiscal para erosionar su base gravable y otra que, por la naturaleza de su actividad, tiene costos elevados y un margen operativo reducido. Esa diferencia será uno de los asuntos que las mesas deberán precisar.
La posición del gobierno y la del sector privado
Hacienda presentó el Paquete Económico 2027 como una estrategia para fortalecer los ingresos públicos, combatir la evasión y sostener las finanzas públicas. La dependencia informó que el paquete fue entregado al Congreso el 8 de septiembre y que contempla los documentos que integran el proceso presupuestario: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y las modificaciones fiscales correspondientes. La plataforma oficial de Finanzas Públicas identifica esos documentos como parte del Paquete Económico 2027.
El gobierno también proyectó una reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público a 3.9% del producto interno bruto en 2027, de acuerdo con el comunicado de entrega de la SHCP. Esa meta explica la importancia de elevar la recaudación y contener el gasto, especialmente en un contexto de presiones por el costo financiero de la deuda, las pensiones y las obligaciones de empresas públicas.
El CCE no rechazó la necesidad de ampliar la base de contribuyentes ni de combatir la evasión, las redes de facturación falsa y la informalidad. Su demanda es que las medidas sean proporcionales y no deterioren la inversión formal. En un posicionamiento difundido tras la entrega del paquete, el organismo pidió reglas claras, certidumbre fiscal, acceso a energía y agua, además de un ejercicio más eficiente del gasto público. El Universal informó que el sector privado vinculó esas condiciones con la posibilidad de conservar el grado de inversión y generar empleos formales.
Déficit, deuda y grado de inversión
El llamado del CCE a preservar el grado de inversión coloca la discusión más allá de la tasa de un impuesto o del porcentaje deducible. Para los empresarios, la trayectoria del déficit y de la deuda influye en el costo de financiamiento del gobierno y también en las condiciones que enfrentan las compañías para invertir.
Medina Mora estimó que México tendría un margen limitado, de alrededor de 18 meses, para realizar cambios estructurales en asuntos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y las pensiones. Esa advertencia pertenece al diagnóstico empresarial y no equivale a una previsión oficial de una crisis fiscal. Su importancia está en que muestra las prioridades que el CCE llevará a la negociación: no sólo revisar ingresos, sino también discutir la composición del gasto y la viabilidad financiera de obligaciones de largo plazo.
La propuesta de Hacienda incluye una reducción del déficit respecto de ejercicios recientes, pero el sector privado busca que esa trayectoria sea creíble y compatible con mayor crecimiento. El dilema es conocido: una recaudación insuficiente puede aumentar la necesidad de deuda, pero una carga fiscal mal calibrada puede frenar la inversión, sobre todo en sectores que trabajan con costos altos y márgenes pequeños.
Qué sigue y cómo medir resultados
La primera señal será la instalación efectiva de las mesas y la publicación de una agenda de trabajo. No basta con que Hacienda y el CCE mantengan reuniones: será necesario conocer si participan el SAT y los organismos empresariales directamente afectados, qué información técnica se intercambia y si existen plazos para responder a cada observación.
El segundo punto será identificar cambios verificables en los textos legislativos. Las empresas podrían buscar ajustes en los límites a las deducciones, reglas diferenciadas por actividad o mecanismos para evitar que los costos indispensables de operación se conviertan en una carga fiscal desproporcionada. Hacienda, por su parte, deberá demostrar que cualquier modificación conserva el objetivo de cerrar espacios de evasión y protege la estimación de ingresos.
También está pendiente el efecto de otros componentes señalados por el sector privado. Entre ellos se encuentra el aumento de las concesiones ferroviarias, que, según el CCE, puede encarecer el transporte de mercancías. Ese aspecto conecta la política fiscal con la competitividad: una medida que incremente la recaudación, pero eleve los costos logísticos, podría afectar decisiones de inversión y precios finales.
En materia de inversión, Medina Mora informó que un comité gubernamental había destrabado 21 proyectos por aproximadamente 3 mil 750 millones de dólares desde el 4 de mayo. La cifra debe leerse como proyectos facilitados o autorizados para avanzar, no como capital ya invertido, obras concluidas o empleos efectivamente creados. El seguimiento periodístico deberá verificar cuántos se materializan, en qué entidades, con qué calendario y bajo qué condiciones regulatorias.
La ruta legislativa también será determinante. El Ejecutivo ya presentó su propuesta, pero el Congreso puede modificar las iniciativas antes de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Por ello, el resultado de las mesas de diálogo sólo tendrá efectos jurídicos si sus acuerdos se traducen en cambios al dictamen y posteriormente en disposiciones aprobadas.
Para la audiencia empresarial y financiera, las preguntas clave serán concretas: ¿se mantiene el objetivo recaudatorio sin castigar a empresas de bajo margen?, ¿se reduce el déficit con medidas permanentes y no sólo con ajustes temporales?, ¿la deuda desacelera su crecimiento?, ¿los incentivos a la inversión tienen recursos y reglas claras?, y ¿las reformas fiscales ofrecen certeza suficiente para planear proyectos de varios años? La respuesta no estará en el anuncio de las mesas, sino en los documentos que lleguen al Congreso y en las decisiones que se adopten antes del cierre del proceso presupuestario.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comunicado sobre la entrega del Paquete Económico 2027, 8 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, portal oficial de Finanzas Públicas y documentos del Paquete Económico 2027.
- El Universal, Hacienda y organismos empresariales acuerdan mesas de trabajo, 11 de septiembre de 2026.
- El Universal, Empresarios piden contener crecimiento de la deuda; mantener grado de inversión y reducir déficit público es la prioridad, 10 de septiembre de 2026.
- El Economista, CCE insta a la SHCP a mantener espacios de diálogo para construir propuestas que incentiven la inversión, 11 de septiembre de 2026.