El Gobierno de México mantendrá entre el 12 y el 18 de septiembre de 2026 los estímulos fiscales a los combustibles y absorberá 100% del IEPS aplicable al diésel, de acuerdo con un acuerdo de la Secretaría de Hacienda publicado el 11 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. La medida, vigente en todo el país, reduce temporalmente la carga tributaria del diésel en 7.3634 pesos por litro y amplía también el apoyo para las gasolinas regular y Premium.
La decisión ocurre mientras aumentan los precios internacionales de los energéticos y el crudo mexicano supera los 104 dólares por barril, según la cobertura de El País México. El objetivo inmediato es evitar un ajuste brusco en las estaciones de servicio y contener el traslado del encarecimiento de los combustibles hacia el transporte, los alimentos y otros bienes.
En breve
- El diésel tendrá un estímulo fiscal de 100%, equivalente a 7.3634 pesos por litro, además de un apoyo complementario de 0.1501 pesos.
- La gasolina regular recibirá un estímulo de 51.43%, mientras que la Premium tendrá un apoyo de 45.69% durante la semana de referencia.
- El alivio reduce la presión sobre consumidores y empresas, pero implica menor recaudación potencial para Hacienda y puede aumentar la carga financiera de Pemex si la contención también se realiza mediante precios de mayoreo.
Cuánto deja de cobrarse por cada litro
El acuerdo 137/2026 de Hacienda fija una cuota disminuida del IEPS de cero pesos por litro para el diésel durante el periodo señalado. En términos prácticos, el impuesto queda completamente cubierto mediante el estímulo fiscal. La resolución también establece un apoyo complementario de 0.1501 pesos por litro, asociado al mecanismo adicional creado en 2022.
Para la gasolina menor a 91 octanos, conocida comercialmente como Magna o regular, el estímulo será de 51.43%, equivalente a 3.4458 pesos por litro. La cuota disminuida queda en 3.2543 pesos por litro. En la gasolina de 91 octanos o más, que incluye a la Premium, el apoyo será de 45.69%, equivalente a 2.5850 pesos por litro, con una cuota disminuida de 3.0729 pesos.
Estos montos no significan necesariamente que el precio final en la estación baje exactamente en la misma proporción. El precio al público también depende del costo internacional del combustible, el tipo de cambio, el transporte, el almacenamiento, los márgenes comerciales y la estrategia de cada proveedor. Por ello, el estímulo funciona principalmente como un amortiguador: evita que la totalidad del aumento externo se refleje de inmediato en el consumidor.
El intercambio fiscal: contener precios a cambio de recaudar menos
La ventaja más visible de la medida es política y económica: un menor incremento en los combustibles puede moderar los costos de traslado de mercancías y pasajeros. El diésel es especialmente relevante para el autotransporte de carga, los autobuses, la maquinaria agrícola, la construcción y diversas actividades industriales. Un aumento abrupto en este energético puede elevar los fletes y terminar incorporándose al precio de alimentos, productos manufacturados y servicios.
El costo se observa del otro lado del presupuesto. Cada litro que recibe el estímulo representa un impuesto que Hacienda deja de cobrar temporalmente. La Secretaría de Hacienda no publicó en el acuerdo una estimación del costo fiscal total correspondiente exclusivamente a la semana del 12 al 18 de septiembre. La magnitud final dependerá del volumen vendido y de la duración de los apoyos, además de la diferencia entre el precio internacional y el precio interno.
El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, estimó para El País que el costo mensual de la política de contención ronda los 11 mil millones de pesos. De ese monto, más de 9 mil 400 millones corresponderían a la renuncia al cobro del IEPS y el resto al impacto financiero de Pemex por ofrecer precios de mayoreo más bajos. Si se distribuyera de manera uniforme, la cifra equivaldría aproximadamente a 2 mil 500 millones de pesos por semana, aunque esa conversión es una referencia y no una estimación oficial para el periodo vigente.
La presión importa porque el IEPS a combustibles es una fuente recurrente de ingresos públicos. El propio reporte citado por El País señala que la recaudación de este impuesto cayó 2.1% entre enero y julio de 2026. Una extensión prolongada de los estímulos podría limitar los recursos disponibles para otros programas o hacer más difícil cumplir las metas presupuestarias, especialmente si los precios internacionales permanecen elevados.
Quién recibe el beneficio
El beneficio no se distribuye de forma idéntica entre todos los consumidores. Los transportistas de carga y pasajeros son los primeros expuestos al costo del diésel y pueden recibir un alivio directo si el estímulo se refleja en el precio de venta. También pueden beneficiarse productores agropecuarios que utilizan maquinaria, empresas de logística, constructoras y negocios con flotas propias.
Para los hogares, el efecto es más indirecto. Una menor presión sobre los combustibles puede ayudar a contener tarifas de transporte y costos de distribución, pero no garantiza que los precios de alimentos o mercancías bajen. El resultado dependerá de cuánto tiempo permanezca el apoyo y de la forma en que cada eslabón de la cadena absorba o traslade sus costos.
Las estaciones de servicio tampoco son las receptoras principales del estímulo. El mecanismo fiscal se aplica a los contribuyentes vinculados con la importación, producción o comercialización de combustibles, mientras que las gasolineras operan con sus propios márgenes y enfrentan costos de abasto. Sin embargo, pueden verse afectadas por la estrategia de precios de Pemex y por el acuerdo voluntario que establece topes de 24 pesos por litro para la gasolina regular y de 27 pesos para el diésel, según la información reportada por El País.
La presión sobre Pemex añade otro frente
La política no recae únicamente en Hacienda. De acuerdo con el análisis de PetroIntelligence citado por El País, cerca de 15% del costo de la contención podría absorberlo Pemex mediante precios de mayoreo más bajos, mientras que alrededor de 85% correspondería a los estímulos fiscales. Esto crea una tensión entre contener precios y preservar los ingresos de la empresa pública.
El riesgo es relevante porque vender por debajo de un precio que refleje plenamente los costos internacionales puede reducir el margen disponible para operación, mantenimiento, distribución e infraestructura comercial. Además, si Pemex ofrece condiciones más favorables que los importadores privados, puede generarse una diferencia competitiva entre proveedores.
Desde la perspectiva de política pública, el estímulo cumple una función de emergencia, pero no elimina el problema de fondo: México continúa expuesto a choques externos de petróleo, combustibles y tipo de cambio. Mientras el conflicto geopolítico mantenga elevada la cotización internacional, cada semana de apoyo representa una decisión entre estabilidad de precios en el corto plazo y espacio fiscal en el mediano plazo.
La pregunta central no es sólo cuánto baja el precio en la estación, sino quién paga la diferencia. Por ahora, la respuesta es compartida: Hacienda renuncia a ingresos del IEPS, Pemex puede sacrificar margen y los consumidores reciben una protección temporal. La eficacia de la medida dependerá de que el alivio llegue al precio final sin convertirse en una obligación permanente para las finanzas públicas.
Fuentes consultadas
- Diario Oficial de la Federación, Acuerdo 137/2026 de la Secretaría de Hacienda, publicado el 11 de septiembre de 2026.
- El País México, 15 de septiembre de 2026.