La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encontró que 6.5% de los hogares en México experimentó falta de acceso a alimentos por carencia de dinero o recursos, equivalente a cerca de 2.59 millones de hogares, de acuerdo con los resultados difundidos el 22 de septiembre de 2026 y reportados por La Jornada el 27 de septiembre. El fenómeno presentó mayores proporciones en Tabasco, con 15.32% de los hogares; Oaxaca, con 10.13%, y Campeche, con 9.94%.
El levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con una muestra de poco más de siete millones de viviendas particulares habitadas. Por primera vez, la EIC incluyó cinco preguntas específicas sobre alimentación, junto con variables demográficas, económicas y de vivienda. Esa combinación permite observar no sólo cuántos hogares enfrentan dificultades, sino también en qué territorios y bajo qué condiciones se concentra el problema. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/programas/eic/2025/default.html?utm_source=openai))
En breve
- 6.5% de los hogares reportó que al menos uno de sus integrantes no tuvo acceso a alimentos por falta de dinero o recursos.
- Tabasco, Oaxaca y Campeche registraron las proporciones estatales más elevadas entre los datos difundidos.
- La evidencia sugiere que la respuesta debe combinar ingresos, abasto local, atención a la infancia y planeación presupuestaria territorial.
El dato nacional oculta diferencias importantes
Un promedio de 6.5% puede servir para dimensionar el fenómeno a escala nacional, pero resulta insuficiente para diseñar una política pública eficaz. La distancia entre Tabasco y el promedio del país es amplia: prácticamente duplica la proporción nacional. Oaxaca y Campeche también se ubican claramente por encima del registro general.
La concentración en entidades del sur y sureste no debe interpretarse como una explicación única ni automática. El acceso a los alimentos depende de los ingresos disponibles, la estabilidad laboral, los precios locales, la distancia a mercados, la infraestructura carretera, la producción de autoconsumo, la disponibilidad de agua y la presencia de redes de apoyo. En zonas rurales o indígenas, una interrupción en la cosecha, el transporte o el ingreso familiar puede tener efectos más severos que en una ciudad con mayor variedad de establecimientos.
El propio INEGI señala que la EIC fue diseñada para generar información útil para la planeación y evaluación de políticas públicas, con desagregación geográfica hasta el municipio o demarcación territorial. Esa posibilidad es central: la discusión no tendría que detenerse en qué estado presenta el porcentaje más alto, sino avanzar hacia la identificación de los municipios y localidades donde se acumulan las mayores restricciones. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/programas/eic/2025/default.html?utm_source=openai))
La presencia de menores cambia la gravedad del problema
Los resultados difundidos muestran que la inseguridad alimentaria no afecta de la misma manera a todos los hogares. Entre las viviendas con menores de edad y limitaciones de acceso a los alimentos, 55.4% reportó una alimentación basada en poca variedad; 37.73% indicó que algún niño, niña o adolescente comió menos de lo que debía, y 36.91% señaló que a una persona menor se le tuvo que servir menos comida.
También se registraron experiencias más graves: 19.9% de los hogares con menores afectados reportó que alguno de ellos sintió hambre, pero no comió; 19.2% dijo que una persona menor se acostó con hambre, y 17.4% señaló que algún integrante comió sólo una vez al día o dejó de ingerir alimentos durante un día.
Estas cifras importan para la política social porque muestran que no basta con contar hogares. La presencia de menores puede elevar las consecuencias de una carencia temporal: una dieta menos variada, porciones reducidas o la omisión de comidas pueden impactar la salud, el desempeño escolar y el desarrollo. En consecuencia, la focalización de apoyos debería considerar tanto el territorio como la composición del hogar.
Una señal para coordinar ingresos y abasto
La inseguridad alimentaria suele abordarse como un problema de transferencias o de distribución de despensas. Sin embargo, los datos de la EIC sugieren una agenda más amplia. Si la causa inmediata es la falta de dinero o recursos, la respuesta debe vincularse con empleo, salarios, transferencias y precios. Si el obstáculo es la distancia o la escasez de puntos de venta, se requieren soluciones de abasto, transporte y fortalecimiento de mercados locales.
El contexto previo ayuda a entender por qué las brechas territoriales no son inesperadas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que en 2022 la inseguridad alimentaria moderada y severa alcanzó sus niveles más altos en Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Campeche. En ese mismo diagnóstico, los estados del sur también mostraron menores porcentajes de población en hogares con seguridad alimentaria y dieta diversa. ([coneval.org.mx](https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/DIAGNOSTICO_ALIMENTACION-2024.pdf?utm_source=openai))
Es importante no sumar ni equiparar mecánicamente esas cifras con el 6.5% de la EIC 2025. Los indicadores pueden diferir en población de referencia, periodo de observación, diseño de encuesta y definición estadística. El valor de la comparación está en mostrar una persistencia territorial que debe ser estudiada con mayor detalle, no en presentar los porcentajes como si fueran una misma medición.
También existe una relación con la capacidad de compra. Para el cuarto trimestre de 2024, CONEVAL estimó que 35.4% de la población no podía adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral del hogar. Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentaron los niveles más elevados de pobreza laboral en esa medición. Aunque la pobreza laboral tampoco es equivalente a la inseguridad alimentaria observada por la EIC, ambas fuentes apuntan a la relevancia de los ingresos y las desigualdades regionales. ([coneval.org.mx](https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_pobreza_laboral.aspx?utm_source=openai))
Qué debería cambiar en la política pública
El primer paso es construir un mapa operativo que combine la información de alimentación de la EIC con ingresos, ruralidad, presencia de menores, pertenencia indígena, acceso a servicios, precios y conectividad. Un estado puede presentar un promedio elevado, pero tener municipios con situaciones muy distintas. Las decisiones presupuestarias requieren esa escala fina para evitar que los recursos se concentren únicamente en las capitales o en zonas con mayor capacidad administrativa.
El segundo paso consiste en evaluar la cobertura real de los programas alimentarios. La pregunta no es sólo cuántas personas están inscritas, sino si los apoyos llegan a las localidades con mayores porcentajes de hogares afectados, con qué frecuencia y con qué suficiencia. También sería necesario revisar si los programas atienden de manera diferenciada a hogares con menores, personas adultas mayores, población indígena y comunidades aisladas.
El tercer componente es la coordinación con productores y empresas de distribución. En regiones donde los costos logísticos elevan el precio de los alimentos, las políticas de abasto pueden tener efectos tan importantes como una transferencia monetaria. La compra pública a productores locales, el fortalecimiento de mercados regionales y la mejora de caminos rurales podrían formar parte de una estrategia complementaria, siempre que se evalúen sus resultados y no se sustituyan los apoyos directos cuando sean necesarios.
La EIC 2025 ofrece, en ese sentido, una oportunidad para dejar atrás una lectura homogénea de la inseguridad alimentaria. El país no enfrenta un único problema alimentario, sino una combinación de restricciones que cambia según el estado, el municipio y el tipo de hogar. La tarea pendiente es convertir esa evidencia estadística en decisiones presupuestarias y programas capaces de responder a esas diferencias.
Fuentes consultadas
- INEGI, Encuesta Intercensal 2025, resultados, diseño y cobertura temática, publicado el 22 de septiembre de 2026.
- La Jornada, “En 6 de cada 100 hogares, inseguridad alimentaria”, 27 de septiembre de 2026.
- CONEVAL, Diagnóstico de alimentación 2024, antecedentes sobre inseguridad alimentaria y diferencias estatales.
- CONEVAL, Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza y pobreza laboral, datos sobre la capacidad de compra de la canasta alimentaria.