El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 2 de octubre de 2026 su misión de consulta del Artículo IV en México y recomendó acelerar y hacer más ambiciosa la consolidación fiscal para colocar la deuda pública en una trayectoria descendente. Al mismo tiempo, el organismo prevé que la economía mexicana crezca 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la cobertura publicada el viernes por La Jornada.
La evaluación coloca a la política económica ante una tensión conocida, pero más exigente: reducir el déficit y recuperar margen presupuestario sin frenar la inversión que puede elevar el crecimiento potencial ni trasladar todo el costo del ajuste a los hogares. El FMI no dicta el presupuesto mexicano ni sus recomendaciones equivalen a una condición para liberar recursos, porque México no mantiene un programa activo de financiamiento con el organismo. Se trata de una revisión periódica de la economía y de las políticas públicas.
En breve
- El FMI proyecta un crecimiento de 1.5% para México en 2026 y de 1.8% en 2027, todavía moderado frente a las necesidades de expansión del país.
- El organismo considera que la consolidación fiscal avanzó, pero perdió velocidad después de la reducción del déficit registrada en 2025.
- La discusión no se limita a recortar gasto: incluye mejorar la recaudación, fortalecer a Pemex, focalizar subsidios y proteger infraestructura, salud e inversión productiva.
La advertencia central: la deuda aún no cambia de rumbo
El diagnóstico del Fondo parte de una diferencia entre estabilizar las finanzas públicas y lograr que la deuda disminuya como proporción del producto interno bruto. La primera meta puede alcanzarse si el déficit deja de crecer; la segunda exige que los ingresos, el resultado primario y el crecimiento económico sean suficientes para compensar el costo de los intereses y evitar que el endeudamiento siga acumulándose.
Según la información difundida por Hacienda, el Paquete Económico 2027 plantea una reducción más gradual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). En los precriterios fiscales de Hacienda, los RFSP se estiman en 4.1% del PIB para 2026. La SHCP sostiene que su estrategia es multianual y busca reducir las necesidades de financiamiento sin afectar la inversión productiva ni los programas sociales prioritarios.
El FMI considera que ese ritmo puede ser insuficiente para colocar la deuda en una senda descendente. Su recomendación, por tanto, no es simplemente aplicar un recorte inmediato, sino identificar con anticipación medidas equilibradas y creíbles que hagan más confiable la trayectoria fiscal. Para los mercados, la diferencia importa: una consolidación gradual, pero bien definida, puede ser compatible con menores primas de riesgo; una reducción lenta sin medidas permanentes puede elevar la incertidumbre sobre las necesidades futuras de financiamiento.
Qué propone el FMI y qué decide México
Entre las opciones mencionadas en la cobertura de la misión aparecen una focalización mayor de los programas sociales, la eliminación progresiva de subsidios a los combustibles, el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos y cambios para ampliar la recaudación. También se plantea reforzar los ingresos subnacionales, revisar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y elevar el impuesto al carbono.
Estas propuestas no constituyen una orden para el gobierno mexicano. La decisión sobre el diseño del presupuesto corresponde al Ejecutivo y al Congreso, que deben ponderar sus efectos distributivos, políticos y económicos. Una focalización más estricta puede liberar recursos, pero también dejar fuera a hogares que hoy reciben apoyos. La reducción de subsidios energéticos puede mejorar la posición fiscal y la señal de precios, aunque tendría efectos directos o indirectos sobre transporte, alimentos e inflación. Una mayor recaudación puede disminuir la dependencia del endeudamiento, pero requiere evaluar su impacto sobre consumo, inversión y formalidad.
La propia SHCP respondió que México mantiene una conducción responsable, reglas fiscales, límites al endeudamiento y mecanismos de seguimiento. Esa posición muestra que el desacuerdo no está en la necesidad de cuidar las finanzas públicas, sino en la velocidad, la composición y la secuencia del ajuste.
El costo de ajustar mal: menos infraestructura y menor crecimiento
El riesgo de una consolidación fiscal mal diseñada es que el recorte recaiga sobre la inversión pública, precisamente uno de los rubros que el FMI identifica como necesario para elevar el crecimiento potencial. Carreteras, transporte ferroviario, agua, energía, conectividad y mantenimiento de infraestructura tienen efectos que van más allá del gasto de un solo ejercicio: reducen costos logísticos, mejoran la productividad y pueden atraer capital privado.
Por eso, la recomendación del organismo debe leerse junto con su llamado a estimular la inversión privada. El FMI señala que México necesita cerrar brechas de infraestructura, reducir la incertidumbre y las cargas regulatorias, fortalecer la integración comercial y mejorar las condiciones para que las empresas inviertan. Si el ajuste reduce la obra pública sin resolver esos obstáculos, el país podría obtener una mejora contable de corto plazo a cambio de un menor crecimiento futuro.
La disyuntiva también alcanza a los programas sociales. El desafío no es presentar el gasto social y la disciplina fiscal como objetivos incompatibles, sino distinguir entre transferencias prioritarias, subsidios generalizados y programas con resultados verificables. Una política fiscal sostenible necesita proteger a la población vulnerable, pero también demostrar que cada peso asignado tiene una fuente de financiamiento estable y una justificación económica y social.
Una recuperación moderada no resuelve por sí sola el problema fiscal
El FMI prevé una recuperación gradual, apoyada en parte por el dinamismo de las exportaciones hacia Estados Unidos y por una inflación más cercana al objetivo del Banco de México. Sin embargo, el crecimiento de 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027 sigue siendo moderado. No genera, por sí mismo, ingresos suficientes para eliminar las presiones sobre el presupuesto, especialmente si aumentan los pagos de intereses o si el entorno externo se deteriora.
La misión también reconoce fortalezas: el sistema financiero mexicano conserva niveles elevados de capital y liquidez, la morosidad permanece baja y el país cuenta con un mercado financiero profundo y una proporción limitada de deuda en moneda extranjera. Esos amortiguadores reducen la vulnerabilidad ante choques, pero no sustituyen una estrategia para contener el déficit.
En términos prácticos, el debate fiscal llegará a tres frentes. El primero será la credibilidad de las metas de deuda y RFSP. El segundo, la capacidad de aumentar ingresos permanentes sin debilitar la actividad. El tercero, la calidad del gasto: cuánto se destina a inversión, cuánto a operación y cuánto a obligaciones que no pueden ajustarse fácilmente.
La evaluación del Artículo IV no anticipa una crisis ni describe a México como un caso de inestabilidad financiera. Su advertencia es más gradual: con crecimiento moderado y una consolidación lenta, el margen para responder a una recesión, una caída de exportaciones o un aumento de las tasas internacionales puede reducirse. Para el gobierno mexicano, la tarea será demostrar que el ajuste puede ser compatible con inversión, protección social y crecimiento; para los legisladores, comprobar que las metas anunciadas tienen respaldo en ingresos, gasto y transparencia.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado No. 79 sobre la misión del Artículo IV de 2026.
- La Jornada, cobertura de la evaluación fiscal del FMI a México.
- SHCP, documento de Finanzas Públicas 2026-2027.
- FMI, explicación del alcance de las consultas del Artículo IV y antecedentes de la evaluación mexicana.