La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó el 6 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados que México no tiene actualmente condiciones para avanzar hacia la explotación de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. La funcionaria aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no autorizó pruebas piloto de extracción, sino únicamente estudios para verificar si existe agua salada y profunda disponible en zonas del noreste, particularmente en la región de Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León.
La precisión es relevante porque separa tres etapas que en el debate público suelen mezclarse: investigar la disponibilidad de recursos, evaluar la viabilidad técnica y ambiental, y eventualmente autorizar la perforación de pozos. De acuerdo con la versión estenográfica de Semarnat, la instrucción presidencial se limita a conocer si hay agua salada y profunda suficiente para siquiera discutir el tema. La dependencia no presentó esa fase como una autorización para extraer gas.
En breve
- Semarnat sostiene que hoy no existen condiciones para explotar gas mediante fracking en México.
- Los estudios autorizados buscan identificar agua salada y profunda; no habilitan pozos piloto.
- El siguiente debate estará en las reglas de agua, permisos, vigilancia ambiental y capacidad de inspección.
Una investigación acotada, no el inicio de la explotación
Durante la comparecencia, Bárcena explicó que el análisis involucra a especialistas y distintas instituciones. La referencia territorial se concentró en el noreste y, según la información difundida por Semarnat y reportada por medios locales, en la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos. La delimitación importa porque no se trata de una autorización nacional ni de una decisión para abrir simultáneamente proyectos en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León u otras entidades con potencial de hidrocarburos no convencionales.
El fracking requiere perforar un pozo vertical y después extenderlo horizontalmente dentro de formaciones de baja permeabilidad. Posteriormente se inyecta a presión una mezcla de agua, arena y aditivos para generar fracturas que permitan liberar el gas atrapado en la roca. El proceso produce fluidos de retorno y agua producida que deben recuperarse, tratarse, almacenarse y disponerse bajo controles ambientales específicos.
Por eso, la condición hídrica no es un asunto secundario. La postura de Semarnat plantea que no se utilice agua destinada al consumo humano o a la agricultura, que se privilegie agua salina y que se recicle al menos 75 por ciento del líquido empleado. Esas condiciones serían criterios políticos y ambientales de partida, pero todavía tendrían que convertirse en obligaciones verificables dentro de permisos, manifestaciones de impacto ambiental, autorizaciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y títulos o asignaciones de agua.
El problema hídrico no se resuelve con encontrar agua profunda
La pregunta central no es sólo si existe agua a cierta profundidad, sino si puede extraerse sin afectar acuíferos, ecosistemas, actividades productivas o derechos previamente reconocidos. También sería necesario demostrar que el agua identificada tiene calidad y características compatibles con el proceso, que su extracción no conecta formaciones aisladas y que el manejo posterior de los fluidos no representa un riesgo para el subsuelo.
Los registros públicos de la Comisión Nacional del Agua muestran un panorama que exige cautela. En Nuevo León, el acuífero Sabinas-Parás aparece con una disponibilidad media anual negativa de aproximadamente 74.1 millones de metros cúbicos en la consulta oficial de acuíferos. En Coahuila, los registros también reportan balances negativos en zonas como Allende-Piedras Negras, Monclova y Saltillo-Ramos Arizpe. Estos datos no prueban por sí mismos que un proyecto de fracking sea inviable, pero sí indican que cualquier evaluación tendría que distinguir entre agua salina profunda y fuentes conectadas con usos humanos, agrícolas o industriales.
La disponibilidad promedio de un acuífero tampoco equivale automáticamente a agua utilizable para una operación industrial. Antes de autorizar una perforación se requerirían estudios hidrogeológicos localizados, líneas base de calidad del agua, mediciones de presión y trazadores que permitan identificar posibles conexiones entre formaciones. Sin esa información, la regla de no usar agua potable podría quedar en una declaración de principios difícil de fiscalizar.
Permisos y normas: la agenda que queda pendiente
La discusión también revela un vacío de política pública. La propia información difundida por Vanguardia señala que deberían revisarse las reglas de la ASEA, los criterios para construir pozos no convencionales y el manejo del agua utilizada. En otras palabras, incluso si los estudios confirmaran disponibilidad hídrica, todavía faltaría definir el andamiaje técnico para evaluar cada proyecto.
Ese andamiaje tendría que precisar, entre otros puntos, la integridad de los pozos, la distancia entre perforaciones y cuerpos de agua, la protección de acuíferos, la composición y trazabilidad de los aditivos, el almacenamiento de fluidos de retorno, el transporte de residuos, el cierre de pozos y la responsabilidad financiera por daños o abandono. También tendría que establecer qué autoridad verifica el reciclaje del 75 por ciento y con qué métodos se comprueba que no se utilizaron fuentes destinadas al consumo o al riego.
La regulación no se limita a Semarnat. La ASEA tendría un papel central en seguridad industrial y protección ambiental del sector hidrocarburos; Conagua tendría que intervenir en materia de aguas nacionales; la autoridad energética definiría la relación con la exploración y extracción; y Profepa tendría que inspeccionar el cumplimiento y sancionar infracciones. La coordinación entre esas instituciones sería determinante para evitar que los permisos se fragmenten y que ninguna autoridad asuma la responsabilidad completa.
La capacidad de vigilancia será una condición material
Durante su comparecencia, Bárcena reconoció que Profepa recibe alrededor de 14 mil denuncias al año y cuenta con 507 inspectores y 150 abogados. También estimó que la procuraduría requeriría 350 millones de pesos adicionales en 2027 para fortalecer sus tareas. Esos datos aportan una dimensión institucional al debate: no basta con aprobar reglas exigentes si el Estado carece de personal, laboratorios, vehículos, sistemas de monitoreo y presupuesto para revisar operaciones en campo.
En una actividad como el fracking, la supervisión tendría que ser continua y no sólo posterior a un accidente. Sería necesario verificar la calidad del cemento y el revestimiento de los pozos, registrar volúmenes de agua, auditar el reciclaje, tomar muestras independientes y vigilar la disposición de fluidos. La información tendría que ser pública y comparable entre operadores para que comunidades, municipios y autoridades puedan detectar cambios en agua superficial y subterránea.
El impacto económico y energético todavía está por demostrarse
El interés por el gas de lutitas está relacionado con la seguridad energética y con la posibilidad de reducir importaciones de gas natural. Sin embargo, el potencial geológico no equivale a rentabilidad comercial. Un proyecto tendría que considerar el costo de transportar agua o tratar agua salina, construir infraestructura, gestionar residuos, cumplir normas ambientales y responder por contingencias. En regiones con estrés hídrico, esos costos podrían modificar de manera sustancial la viabilidad económica.
Por ahora, la decisión de Semarnat mantiene el tema en una fase preliminar. No cancela para siempre la investigación sobre hidrocarburos no convencionales, pero tampoco abre la puerta a una explotación inmediata. El Gobierno federal tendrá que publicar los alcances técnicos de los estudios, transparentar sus resultados y explicar qué criterios activarían o cerrarían la posibilidad de una prueba. Mientras eso no ocurra, hablar de pozos piloto sería adelantarse a una decisión que aún no existe.
Fuentes consultadas
- Semarnat, versión estenográfica de la comparecencia de Alicia Bárcena, 6 de octubre de 2026.
- Semarnat, comunicado sobre la comparecencia ante la Cámara de Diputados, 7 de octubre de 2026.
- Conagua, consulta oficial de disponibilidad de aguas subterráneas en Nuevo León.
- Conagua, consulta oficial de disponibilidad de aguas subterráneas en Coahuila.
- La Jornada, cobertura de la comparecencia, 6 de octubre de 2026.
- Vanguardia, alcance territorial y condiciones planteadas para los estudios, 7 de octubre de 2026.