El Diario Oficial de la Federación publicó el 7 de octubre de 2026 la convocatoria y las bases de la licitación CRT-RRI-01-2026, mediante la cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busca concesionar durante 10 años segmentos de la banda de 2.3 GHz para redes de radiocomunicaciones inteligentes en México. El proceso contempla cobertura en 72 regiones industriales y la posibilidad de solicitar polígonos específicos para proyectos productivos, con aplicaciones en manufactura, logística, minería, puertos, energía, agroindustria y otros sectores.
La decisión marca un cambio frente a las licitaciones orientadas principalmente a servicios móviles masivos. En este caso, el espectro se dirige a redes especializadas que pueden operar dentro de una fábrica, un parque industrial, una mina, una terminal portuaria o un complejo energético. Su finalidad es proporcionar capacidad para transmitir datos, controlar maquinaria, conectar sensores, operar vehículos autónomos y mantener comunicaciones críticas con mayor control sobre la cobertura y la seguridad.
Qué se está licitando
Las bases establecen que estarán disponibles 60 MHz de la banda de 2.3 GHz, distribuidos en tres bloques de 20 MHz. En la primera fase se ofrecerán 216 bloques: tres por cada una de las 72 regiones industriales definidas por la autoridad, con segmentos de 2340 a 2360 MHz, de 2360 a 2380 MHz y de 2380 a 2400 MHz.
El esquema contempla dos modalidades de cobertura. La primera corresponde a regiones industriales, que agrupan municipios con características productivas y socioeconómicas similares. La segunda permite solicitar cobertura por polígono, es decir, un área delimitada para atender una necesidad concreta. Esta alternativa puede ser relevante para una empresa que no requiere una red estatal o regional completa, sino conectividad en una planta, un corredor logístico, un puerto o un conjunto de instalaciones.
La Comisión señala que la banda de 2.3 GHz ofrece un equilibrio entre capacidad, cobertura y reutilización del espectro. También cuenta con un ecosistema de equipos compatible con tecnologías LTE y 5G, lo que puede reducir la dependencia de soluciones propietarias y facilitar la contratación de fabricantes, integradores y operadores especializados.
Quiénes podrían participar
El proceso no está limitado a los operadores móviles tradicionales. Las bases establecen que los interesados deberán acreditar capacidades jurídicas, administrativas, técnicas y económicas, además de cubrir los derechos correspondientes y entregar la documentación solicitada. Quienes obtengan un dictamen favorable podrán recibir una constancia de participación y avanzar a la etapa de ofertas.
La convocatoria también busca que entren nuevos proveedores de capacidad para redes privadas. La Comisión Nacional Antimonopolio consideró que los límites de acumulación previstos pueden contener el riesgo de que los operadores con mayor tenencia de espectro absorban la mayor parte de los bloques. En paralelo, el marco general de licitaciones permite la participación de capital extranjero mediante consorcios, siempre que la concesión se otorgue a una persona física o moral mexicana que cumpla con la legislación aplicable, de acuerdo con la cobertura de El Economista sobre las reglas del proceso.
En la práctica, los competidores podrían incluir empresas de telecomunicaciones, integradores tecnológicos, proveedores de infraestructura, compañías con experiencia en automatización y consorcios que combinen capital, capacidad técnica y conocimiento sectorial. Sin embargo, ganar una frecuencia no garantiza por sí mismo la construcción de una red funcional: cada proyecto necesitará torres, antenas, fibra óptica, centros de datos, sistemas de seguridad y personal especializado.
Por qué importa para la industria
La principal consecuencia potencial es que algunas empresas podrán contar con conectividad diseñada para sus procesos, en lugar de depender exclusivamente de una red móvil pública. En una planta manufacturera, por ejemplo, una red privada puede coordinar robots, cámaras, sensores y sistemas de control. En logística, puede conectar patios, almacenes, vehículos y sistemas de rastreo. En minería o energía, puede apoyar el monitoreo remoto en instalaciones donde la continuidad operativa y la seguridad son críticas.
El beneficio económico no proviene solamente de tener más ancho de banda. También puede surgir de reducir interrupciones, automatizar tareas, mejorar el mantenimiento predictivo y reunir datos operativos en tiempo real. La propia resolución publicada en el DOF vincula la licitación con objetivos de transformación digital, innovación y competitividad industrial, aunque esas ganancias dependerán de que los proyectos pasen de la asignación administrativa a la inversión efectiva.
La segmentación por región y por polígono puede favorecer a empresas que no cuentan con recursos para comprar cobertura extensa. Las bases aumentaron de 60 a 72 las regiones industriales y eliminaron el límite de 200 kilómetros cuadrados para los polígonos, con el argumento de permitir diseños más ajustados a las necesidades de cada proyecto. Esa flexibilidad puede disminuir costos iniciales, pero también hará más importante revisar cómo se coordinan las redes cuando varios concesionarios operen cerca unos de otros.
Los riesgos que deberán vigilarse
El primer riesgo es financiero. El costo de la frecuencia será sólo una parte del desembolso total. Las empresas deberán sumar infraestructura, mantenimiento, sistemas de ciberseguridad, enlaces de transporte y actualización tecnológica. Si las contraprestaciones o las obligaciones de cobertura resultan demasiado elevadas frente al tamaño de la demanda, algunos bloques podrían quedar sin uso o concentrarse en empresas con mayor capacidad de financiamiento.
El segundo desafío es la competencia. Aunque los límites de acumulación buscan evitar el acaparamiento, la concentración también puede producirse después de la adjudicación mediante acuerdos de provisión, integración vertical o dependencia de pocos fabricantes e integradores. La autoridad tendrá que observar no sólo quién gana el espectro, sino quién controla la infraestructura, los servicios administrados y el acceso de las industrias usuarias.
El tercer punto es territorial. La licitación prioriza regiones con mayor actividad productiva, como Nuevo León, Estado de México, Guanajuato y Coahuila, identificadas por la autoridad entre las entidades con mayor producción bruta y empleo manufacturero. El modelo puede elevar la productividad de los polos industriales existentes, pero no garantiza por sí solo que zonas con menor actividad reciban inversión. La política pública deberá evitar que la conectividad inteligente profundice la brecha entre corredores altamente industrializados y regiones con menor capacidad de atraer proyectos.
También será relevante la transparencia del procedimiento. La CRT prevé utilizar una Plataforma Dinámica de Licitaciones de Espectro para integrar expedientes, registrar actuaciones y publicar información sobre bloques adjudicados y montos. La trazabilidad digital puede mejorar la rendición de cuentas, siempre que la información sea suficientemente detallada para conocer los resultados por región, los compromisos de despliegue y el grado de cumplimiento posterior.
Una prueba para la política industrial digital
La licitación de espectro para redes inteligentes México 2026 no debe evaluarse únicamente por la cantidad recaudada ni por el número de concesiones otorgadas. El indicador central será si logra crear una oferta nueva de conectividad para empresas que necesitan redes confiables, flexibles y adaptadas a operaciones críticas.
Las bases prevén un plazo de concesión de 10 años, con posibilidad de prórroga, y permiten diferir hasta por un año el otorgamiento del título para que los futuros concesionarios realicen estudios, pruebas, trámites y despliegue inicial. Esa ventana puede ayudar a ordenar proyectos, pero también vuelve necesario que la autoridad publique con claridad el calendario, los valores mínimos de referencia, las obligaciones técnicas y los resultados de cada etapa.
Para las empresas usuarias, el siguiente paso será definir si requieren una red propia, un proveedor especializado o una solución administrada. Para los gobiernos estatales y municipales, la prioridad será vincular la disponibilidad de espectro con parques industriales, infraestructura energética, corredores logísticos y programas de desarrollo regional. El resultado de la licitación dependerá de esa coordinación tanto como de las ofertas económicas.
En breve
- Espectro: se licitan 60 MHz en la banda de 2.3 GHz, divididos en tres bloques de 20 MHz.
- Cobertura: la primera fase contempla 72 regiones industriales y existe una modalidad para solicitar polígonos específicos.
- Reto: convertir la asignación de frecuencias en inversión productiva, competencia entre proveedores y conectividad efectiva fuera de los principales corredores industriales.
Fuentes consultadas
- Diario Oficial de la Federación, convocatoria y bases de la Licitación CRT-RRI-01-2026, 7 de octubre de 2026.
- Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, consulta pública sobre las bases de la licitación, publicada el 17 de junio de 2026.
- El Economista, información sobre el marco general de licitaciones, participación de capital extranjero y redes industriales, 5 de octubre de 2026.