El Gobierno de México prepara una propuesta para rastrear digitalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel desde su importación hasta la venta final. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la medida el 4 de septiembre de 2026, en vísperas de la entrega del Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, prevista oficialmente para el 8 de septiembre, mientras el diseño de los mecanismos permanece en elaboración por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Canal del Congreso informó que la entrega será el 8 de septiembre y el calendario de Hacienda confirma esa fecha límite.
La propuesta apunta a una modalidad de control fiscal contra la evasión asociada al llamado huachicol fiscal y al contrabando técnico de combustibles. Sin embargo, todavía no se conoce el articulado que será presentado, los contribuyentes obligados, la periodicidad de los reportes, los sistemas que deberán conectarse ni el calendario para su implementación.
En breve
- La medida busca seguir la ruta fiscal del IEPS, no necesariamente vigilar físicamente cada litro en tiempo real.
- El SAT ya cuenta con controles volumétricos y obligaciones de facturación para distintos participantes de la cadena de hidrocarburos.
- El impacto sobre gasolineras, costos regulatorios, recaudación y precios dependerá de las reglas que acompañen la propuesta.
Qué anunció el Gobierno
De acuerdo con la información difundida por La Jornada, Sheinbaum explicó que el SAT trabaja en mecanismos de trazabilidad y que el seguimiento abarcaría el trayecto del combustible desde la importación hasta su comercialización. El objetivo declarado es disminuir la evasión fiscal sin modificar necesariamente la tasa del impuesto.
La precisión es relevante: rastrear el IEPS no equivale, por sí mismo, a crear un nuevo impuesto ni a elevar automáticamente el precio de la gasolina. El IEPS es un gravamen que se causa en operaciones relacionadas con determinados productos, entre ellos los combustibles automotrices. La Ley del IEPS establece cuotas específicas para gasolinas y diésel, por lo que una herramienta de trazabilidad buscaría vincular volúmenes, operaciones comerciales, documentos fiscales y obligaciones de pago.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que una mayor trazabilidad implica observar el origen, destino y consumo del combustible, pero no necesariamente un aumento en el precio. No obstante, esa valoración política no sustituye al texto legal: serán las disposiciones fiscales y administrativas las que determinen las obligaciones concretas para importadores, transportistas, almacenistas, distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio.
Trazabilidad fiscal y control físico no son lo mismo
La discusión pública puede confundirse si se usa trazabilidad como sinónimo de vigilancia física de cada litro. En términos fiscales, una plataforma de trazabilidad puede cruzar información de importaciones, pedimentos aduaneros, facturas electrónicas, permisos, volúmenes recibidos, existencias y ventas. Su propósito sería detectar inconsistencias: por ejemplo, mercancía declarada en aduana que no coincide con los volúmenes reportados, compras sin respaldo documental o ventas que exceden la capacidad registrada de una instalación.
El control físico requiere otra infraestructura. Incluye medidores, sistemas de almacenamiento, equipos de despacho, inspecciones, análisis de laboratorio, revisión de rutas y verificación de permisos. Una base de datos puede señalar una diferencia entre lo importado y lo vendido, pero no necesariamente identifica por sí sola dónde ocurrió la alteración, quién intervino o si el problema provino de una medición defectuosa.
La propia Presidencia había explicado en 2025 que ya existía una plataforma para observar el traslado del combustible desde la importación hasta la estación de servicio y que se prepararían normas para fortalecer esa trazabilidad. La versión estenográfica de esa conferencia muestra que el Gobierno concibe el sistema como una herramienta automática para seguir movimientos y destinos. La novedad anunciada para el Paquete Económico 2027 parece situarse en la conexión más directa de esos registros con la determinación y vigilancia del IEPS, aunque esto deberá confirmarse cuando se publique la iniciativa.
El SAT ya tiene una base regulatoria
La propuesta no partiría de cero. El Código Fiscal de la Federación y las reglas del SAT ya contemplan controles volumétricos para quienes fabrican, producen, procesan, transportan, almacenan, distribuyen o venden hidrocarburos y petrolíferos. Esos controles registran entradas, salidas y existencias, además de asociar operaciones con comprobantes fiscales, pedimentos y datos técnicos del producto.
El SAT explica que los controles volumétricos deben relacionarse con las operaciones de adquisición, enajenación y prestación de servicios vinculados con hidrocarburos y petrolíferos. La autoridad también dispone que los reportes pueden generarse en formatos XML o JSON y que los sistemas de medición deben enviar información de manera automática y encriptada cuando la tecnología lo permita.
Además, el Gobierno anunció en marzo de 2026 la entrada en vigor del Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos. El mecanismo, desarrollado por el SAT en coordinación con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca reforzar la identificación fiscal de las operaciones y combatir el robo y el contrabando técnico. El comunicado del SAT señala que el complemento entró en vigor el 24 de abril de 2026.
Por eso, una de las preguntas centrales no es si habrá más datos, sino cómo se integrarán los sistemas existentes. El Paquete Económico podría proponer cambios a la Ley del IEPS, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera o a disposiciones administrativas. Cada ruta tendría consecuencias distintas en materia de obligaciones, sanciones, impugnaciones y costos de cumplimiento.
Qué deberá aclarar el Paquete Económico 2027
El primer punto será la definición de los sujetos obligados. No es igual imponer reportes adicionales a una empresa importadora que a una estación de servicio independiente. También deberá precisarse qué información será responsabilidad de cada participante y cómo se corregirán errores en mediciones, facturas, pedimentos o registros de inventario.
El segundo aspecto será la interoperabilidad. Para que la trazabilidad sea útil, los datos del SAT deben poder compararse con información aduanera, permisos energéticos, registros de transporte y controles de almacenamiento. Sin estándares comunes, una plataforma puede acumular reportes sin producir alertas confiables.
El tercer elemento será el costo. Las empresas podrían enfrentar inversiones en medidores, software, certificaciones, conectividad, mantenimiento y asesoría especializada. Las grandes compañías suelen tener mayor capacidad para absorber esos gastos; las gasolineras pequeñas y los distribuidores regionales podrían enfrentar una carga proporcionalmente mayor.
También deberá explicarse cómo se protegerá la información comercial. Los registros de volumen, rutas, inventarios y proveedores son datos sensibles. Un sistema de trazabilidad requiere controles de acceso, auditoría y reglas claras para evitar filtraciones o usos ajenos a la fiscalización.
Posibles efectos sobre recaudación y precios
Si el mecanismo reduce la subdeclaración de volúmenes, las operaciones simuladas o el uso de documentos irregulares, podría ampliar la base sobre la que se calcula y paga el IEPS. También podría mejorar la capacidad del fisco para seleccionar auditorías y concentrar inspecciones en diferencias específicas.
El efecto sobre los precios al consumidor es menos automático. Una mayor recaudación derivada de combatir la evasión no implica por sí misma un aumento en la cuota del impuesto. Sin embargo, los costos de cumplimiento, las sanciones, la regularización de operaciones y la salida de oferentes informales podrían modificar los costos de algunos participantes. La traslación final dependerá del grado de competencia, de la estructura de márgenes y de las decisiones regulatorias que acompañen al sistema.
Para las estaciones de servicio formales, una trazabilidad funcional podría reducir la competencia desleal de producto introducido o facturado irregularmente. Para el Gobierno, la prueba será demostrar que el sistema no se limita a generar nuevos reportes, sino que permite detectar inconsistencias, iniciar procedimientos y recuperar ingresos con certeza jurídica.
La guía para leer la iniciativa
Cuando Hacienda entregue el Paquete Económico 2027, convendrá revisar cinco elementos: si la medida modifica la Ley del IEPS o sólo remite a reglas administrativas; qué autoridades compartirán información; qué nuevos campos deberán contener las facturas; qué plazos de transición tendrán las empresas; y cuáles serán las sanciones por incumplimiento.
También será necesario distinguir entre una obligación de reportar información y una obligación de instalar nueva infraestructura. La primera puede elevar costos administrativos; la segunda implica inversiones físicas y tecnológicas. Esa diferencia será determinante para evaluar el impacto sobre las gasolineras y los distribuidores.
Por ahora, el anuncio permite identificar la dirección de la política: fortalecer la fiscalización de la cadena de combustibles y vincular la información comercial con el pago del IEPS. Pero la eficacia del proyecto no puede medirse todavía. Falta conocer el diseño normativo, la arquitectura tecnológica, los mecanismos de supervisión y la coordinación entre autoridades.
Fuentes consultadas
- Canal del Congreso, “Detalla entrega del Paquete Económico 2027”, 4 de septiembre de 2026.
- La Jornada, “El fisco rastrearía huachicol por medio del IEPS”, 4 de septiembre de 2026.
- Secretaría de Hacienda, calendario y componentes del Paquete Económico 2027.
- SAT, comunicado sobre el Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, 27 de marzo de 2026.
- SAT, preguntas frecuentes sobre controles volumétricos.
- Cámara de Diputados, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.