El Gobierno federal entregó el 8 de septiembre de 2026 al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, una propuesta que combina una previsión de crecimiento de entre 1.5% y 2.5%, un déficit equivalente a 3.9% del PIB y una estrategia de mayores ingresos basada en fiscalización, formalidad y digitalización, sin plantear un aumento general de las tasas impositivas. La entrega ocurrió en la Cámara de Diputados y el Senado, donde el proyecto deberá ser analizado y, en su caso, modificado y aprobado antes de convertirse en legislación aplicable durante 2027.
La propuesta importa porque no descansa únicamente en el desempeño de la economía para elevar la recaudación. Hacienda pretende obtener más recursos mediante una administración tributaria con mayor capacidad de comprobación, reglas más estrictas para ciertas deducciones y pérdidas fiscales, y un universo más amplio de contribuyentes dentro del Régimen Simplificado de Confianza, conocido como RESICO. En otras palabras, que no suban las tasas generales no significa que el costo de cumplir sea idéntico al de años anteriores.
En breve
- El Paquete Económico 2027 estima un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%, una inflación de 3% al cierre del año y un déficit de 3.9% del PIB.
- El proyecto plantea elevar los límites de ingresos del RESICO: de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales.
- Las modificaciones fiscales son todavía una propuesta: la Cámara de Diputados, el Senado y, posteriormente, el proceso de publicación determinarán qué medidas entrarán en vigor.
Más recaudación sin una subida general de tasas
La Secretaría de Hacienda presentó el paquete como una combinación de crecimiento, protección de prioridades presupuestarias, fortalecimiento de ingresos, eficiencia del gasto y reducción gradual del déficit. De acuerdo con la información difundida durante la recepción del proyecto, los ingresos presupuestarios representarían 23.2% del PIB, mientras que el gasto social mantendría un peso relevante dentro de la programación federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, han sostenido que no se proponen nuevos impuestos generales ni incrementos generalizados. El objetivo oficial es que la recaudación tributaria aumente mediante una mayor eficiencia, el combate a la evasión y una mejor trazabilidad de las operaciones. La Jornada reportó que el Gobierno también vincula esta estrategia con una futura Ley de Economía Digital orientada a reducir el uso de efectivo y ampliar los pagos electrónicos, aunque esa ley no forma parte, por sí misma, del Paquete Económico 2027.
La distinción es importante para leer correctamente el proyecto. Una meta de recaudación es una previsión macroeconómica; una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta o a la Ley de Ingresos es una propuesta normativa; y una obligación concreta para un contribuyente sólo existirá cuando el Congreso apruebe el texto correspondiente y éste sea publicado. Mezclar esos tres niveles puede llevar a presentar como hecho consumado lo que todavía está sujeto a negociación legislativa.
RESICO: una puerta más amplia, pero no automática
Uno de los cambios con mayor relevancia para pequeños negocios y trabajadores independientes es la ampliación de los umbrales del RESICO. La propuesta elevaría de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite para personas físicas y de 35 a 50 millones de pesos para personas morales, de acuerdo con el análisis técnico publicado por PwC México y con la información difundida por El Economista.
Para una persona física, el cambio podría abrir la posibilidad de permanecer en un esquema simplificado aun cuando el negocio crezca por encima del límite vigente. El universo potencial incluye a profesionistas independientes, comercios, talleres, restaurantes y prestadores de servicios que hoy enfrentan la disyuntiva entre continuar en un régimen más complejo o permanecer parcial o totalmente fuera de la formalidad.
Sin embargo, el aumento del umbral no equivale a una inscripción automática ni elimina las obligaciones de facturación, declaraciones, comprobación de ingresos y conservación de información. Para un micronegocio, el beneficio dependerá de que el régimen sea acompañado por trámites comprensibles, asesoría accesible y una capacidad real para emitir comprobantes y separar las finanzas del negocio de las personales.
En el caso de las personas morales, el salto de 35 a 50 millones de pesos ampliaría el espacio para que empresas pequeñas y medianas evalúen un esquema simplificado. La propuesta también contempla ajustes de transición y estímulos vinculados con la inversión, pero su aplicación dependerá del texto final aprobado por el Congreso. Para las empresas, la decisión no debería tomarse sólo con base en la tasa o en el límite de ingresos: también será necesario comparar deducciones, flujo de efectivo, obligaciones administrativas y consecuencias de abandonar el régimen.
La línea de 50 millones de pesos para las empresas
El proyecto introduce una diferencia relevante entre las empresas que se mantienen por debajo y por encima de 50 millones de pesos de ingresos acumulables. Los análisis fiscales disponibles describen nuevas limitaciones para deducciones y pérdidas fiscales aplicables a personas morales que superen ese nivel, así como una reducción del límite para deducir intereses netos, de 30% a 20% en determinados supuestos.
La lógica oficial es cerrar espacios de planeación fiscal agresiva, operaciones simuladas y uso de comprobantes que no correspondan a una actividad económica real. El problema operativo es que una regla uniforme puede tener efectos distintos según el sector. Una empresa con altos ingresos y márgenes amplios puede absorber una restricción de deducciones de manera distinta a otra con costos elevados, ciclos largos de recuperación o una fuerte carga financiera.
Para las compañías formales, el mensaje es doble. Por una parte, la fiscalización busca nivelar la competencia frente a negocios que reducen artificialmente su base gravable o utilizan facturación apócrifa. Por otra, la comprobación de gastos, contratos, servicios recibidos, operaciones con partes relacionadas y pagos al extranjero puede demandar más controles internos, documentación y coordinación entre las áreas fiscal, contable, financiera y de compras.
Digitalización y trazabilidad: el costo invisible
El proyecto se inserta en una tendencia que ya ha transformado la relación entre contribuyentes y autoridades: más operaciones registradas electrónicamente, mayor intercambio de información y más cruces entre facturas, declaraciones, cuentas bancarias y pagos realizados mediante plataformas. Para el Gobierno, la digitalización puede reducir espacios de evasión y facilitar la incorporación de actividades que hoy operan en efectivo.
Para los trabajadores independientes y micronegocios, la transición puede ser más exigente. La formalidad no depende únicamente de tener una inscripción ante el SAT; también requiere emitir comprobantes correctamente, registrar cobros, identificar gastos deducibles y responder a discrepancias. En negocios pequeños, esas tareas suelen recaer en la misma persona que vende, compra, administra y cobra.
Por ello, el debate legislativo debería evaluar no sólo cuánto espera recaudar Hacienda, sino qué costos de cumplimiento enfrentará cada tipo de contribuyente. Una política que amplía la base fiscal puede ser más efectiva si reduce la complejidad de entrada y ofrece reglas estables. Si sólo aumenta los controles sin simplificar los procesos, existe el riesgo de que la formalidad sea percibida como una carga adicional en lugar de una vía de crecimiento.
Lo que todavía puede cambiar
El Paquete Económico 2027 no es una ley vigente. La Cámara de Diputados debe discutir y aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre; el Senado tiene hasta el 31 de octubre para resolverla, mientras que el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente a los diputados y debe aprobarse el 15 de noviembre, según el Canal del Congreso.
Durante ese proceso pueden modificarse los umbrales, las tasas, los requisitos de permanencia, las reglas de transición y el alcance de las limitaciones a deducciones y pérdidas fiscales. También pueden incorporarse reservas, precisiones técnicas o disposiciones transitorias. Hasta que concluya el procedimiento legislativo y se publique el decreto respectivo, empresas y contribuyentes deben tratar las medidas como propuestas y no como obligaciones definitivas.
La lectura central para México es que Hacienda intenta ampliar la recaudación sin recurrir a una subida general de impuestos. La apuesta se desplaza hacia una mayor base de contribuyentes, una fiscalización más precisa y una economía con menos operaciones opacas. El resultado dependerá de dos factores: que el Congreso mantenga un equilibrio entre control y certeza jurídica, y que la autoridad pueda hacer cumplir las nuevas reglas sin trasladar una carga desproporcionada a quienes ya cumplen.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico 2027 y documentos de finanzas públicas.
- Canal del Congreso, recepción del Paquete Económico 2027, 9 de septiembre de 2026.
- La Jornada, declaraciones del Gobierno sobre recaudación, formalidad y economía digital, 10 de septiembre de 2026.
- PwC México, presentación y análisis técnico del Paquete Económico 2027.
- El Economista, cambios propuestos al RESICO, 9 de septiembre de 2026.