El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el 10 de septiembre de 2026 los resultados de la ENVIPE 2026, con información sobre los delitos ocurridos durante 2025 y la percepción de seguridad pública recabada entre febrero y abril de 2026 en México. La encuesta estimó que 28.5% de los hogares tuvo al menos una víctima, que ocurrieron aproximadamente 33.8 millones de delitos y que 93.4% no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación.
El resultado combina dos señales que no deben confundirse. Por un lado, la percepción de inseguridad nacional alcanzó el nivel más bajo de la serie histórica de la ENVIPE. Por otro, tres de cada cuatro personas adultas todavía consideraron inseguro vivir en su entidad federativa. La mejora en el estado de ánimo social, por tanto, no equivale a que el problema delictivo esté resuelto ni a que el sistema de justicia esté procesando la mayoría de los hechos.
En breve
- 28.5% de los hogares reportó al menos una víctima de delito durante 2025.
- 93.4% de los 33.8 millones de delitos quedó en la llamada cifra negra: no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
- 74.0% de la población adulta percibió inseguridad en su entidad; el porcentaje fue de 90.0% en el Estado de México y de 27.8% en Coahuila.
La percepción mejora, pero sigue siendo mayoritaria
La ENVIPE mide una dimensión distinta a los registros administrativos. Mientras la victimización busca estimar cuántas personas y hogares padecieron delitos, la percepción recoge cómo evalúa la población la seguridad en su entorno. Ambas variables pueden moverse en sentidos diferentes porque dependen de factores como la exposición a noticias, la presencia de delitos violentos, la confianza en las autoridades y las experiencias personales o familiares.
En el ámbito nacional, 74.0% de las personas de 18 años y más dijo sentirse insegura en su entidad federativa. La proporción descendió a 60.9% cuando la pregunta se refirió al municipio o demarcación territorial, y a 35.9% al hablar de la colonia o localidad. La diferencia sugiere que la inseguridad se asocia no sólo con lo que ocurre cerca de la vivienda, sino también con la imagen general que existe sobre el estado.
El Estado de México encabezó la percepción de inseguridad, con 90.0%, seguido por Morelos, con 88.7%, y Tabasco, con 87.6%. En el extremo opuesto se ubicaron Coahuila, con 27.8%, Yucatán, con 35.5%, y Aguascalientes, con 41.0%. Entre el primer y el último lugar hubo una brecha de 62.2 puntos porcentuales, una diferencia demasiado amplia para interpretar la seguridad nacional como una experiencia uniforme.
La distribución territorial importa para la política pública. Una estrategia basada sólo en el promedio nacional puede ocultar presiones específicas en transporte, carreteras, espacios públicos o zonas metropolitanas. También puede pasar por alto que las entidades con menor percepción de inseguridad no necesariamente enfrentan los mismos tipos de delitos ni cuentan con idéntica capacidad de denuncia e investigación.
Victimización y temor no son el mismo indicador
El dato de 28.5% de hogares víctimas muestra que la mejora perceptiva convive con una afectación delictiva extensa. La tasa nacional de prevalencia fue de 23,473 víctimas por cada 100 mil habitantes. Por sexo, la encuesta estimó 22,539 víctimas por cada 100 mil mujeres y 24,555 por cada 100 mil hombres.
Estas cifras no significan que las mujeres estén menos expuestas a todos los riesgos. La prevalencia registra el número de víctimas y debe leerse junto con el tipo de delito, el lugar donde ocurrió, la relación con el agresor y las consecuencias para cada persona. Además, algunos delitos pueden tener subregistro particular por temor, dependencia económica, estigmas o falta de confianza en las autoridades.
La brecha también aparece en las actividades cotidianas. A escala nacional, 43.4% de la población dijo sentirse segura al caminar sin compañía durante la noche cerca de su vivienda. El porcentaje fue de 35.4% entre mujeres y de 52.4% entre hombres. La diferencia de 17 puntos refleja que la recuperación de la percepción no ocurre de la misma manera para toda la población.
El temor también modifica decisiones familiares. Durante 2025, las actividades que más personas dejaron de realizar por miedo a ser víctimas fueron permitir que menores de edad salieran sin compañía y salir de noche. Estos cambios tienen un costo social que no siempre aparece en las estadísticas de carpetas de investigación: reducen la movilidad, alteran horarios, afectan el uso del espacio público y pueden trasladar gastos adicionales a los hogares.
La cifra negra limita la evaluación de policías y fiscalías
El dato central de la ENVIPE 2026 es la cifra negra de 93.4%. En términos prácticos, significa que de cada 100 delitos estimados por la encuesta, aproximadamente 93 no llegaron a una denuncia con una investigación formal o ni siquiera fueron denunciados. No significa que 93 de cada 100 casos hayan sido aclarados, sino que quedaron fuera de la estadística ordinaria de procuración de justicia.
La cifra tiene dos componentes relevantes. El primero es la decisión de no denunciar. El segundo es lo que ocurre después de la denuncia: que la autoridad no inicie una carpeta, que el caso no avance o que la víctima no tenga información suficiente sobre el trámite. Por ello, la medición no debe utilizarse para calificar por sí sola el desempeño de una corporación o una fiscalía, pero sí revela el tamaño del vacío que existe entre la experiencia de las víctimas y los registros institucionales.
Para los gobiernos, la consecuencia es doble. Las carpetas de investigación siguen siendo indispensables para operar el sistema, asignar recursos y dar seguimiento a casos, pero no bastan para conocer la magnitud real del delito. Si se evalúa a una fiscalía únicamente por el número de carpetas recibidas, una reducción puede interpretarse erróneamente como menor criminalidad cuando también podría reflejar obstáculos para denunciar.
La encuesta permite identificar una parte de esas barreras. Entre los motivos para no denunciar suelen aparecer causas atribuibles a la autoridad, como pérdida de tiempo, desconfianza, trámites largos o actitud hostil. En ese contexto, reducir la cifra negra exige ventanillas accesibles, atención digital y presencial, protección para víctimas, información clara sobre el proceso y capacidades de investigación suficientes. También requiere que policías y fiscalías compartan criterios de registro y seguimiento.
El reto para la política pública
La menor percepción de inseguridad ofrece un margen político para evaluar qué medidas están funcionando, pero no debe convertirse en una conclusión triunfalista. El indicador favorable necesita contrastarse con victimización, incidencia por tipo de delito, costos económicos, tiempos de respuesta y resultados de las investigaciones.
La prioridad debería ser construir una lectura más completa por entidad. El Estado de México, Morelos y Tabasco enfrentan niveles elevados de percepción de inseguridad, mientras Coahuila, Yucatán y Aguascalientes muestran registros mucho menores en esa variable. Sin embargo, la comparación responsable debe incorporar la prevalencia delictiva, la incidencia, el tipo de ilícito y la cifra negra local. De lo contrario, se corre el riesgo de comparar únicamente estados con experiencias criminales y capacidades institucionales distintas.
Para las finanzas públicas, la cifra negra también representa un problema de asignación. Si millones de delitos no aparecen en los sistemas de justicia, los presupuestos pueden distribuirse con una visión incompleta de la demanda real. La información de la ENVIPE debe servir para fortalecer prevención, atención a víctimas, investigación patrimonial y combate a delitos como fraude, extorsión y robo en calle o transporte público, que se encuentran entre los hechos más frecuentes reportados por la encuesta.
La conclusión de la ENVIPE 2026 es menos simple que una baja o un aumento de la inseguridad. México registra una reducción histórica en la percepción nacional, pero mantiene una victimización significativa y una brecha profunda entre los delitos que ocurren y los que el Estado alcanza a documentar. Para evaluar la seguridad pública, el indicador decisivo no será sólo cuánto miedo expresa la población, sino cuántas víctimas pueden denunciar, cuántos casos se investigan y qué resultados obtienen.
Fuentes consultadas
- INEGI-SNIEG, Resultados de la ENVIPE 2026, publicado el 15 de septiembre de 2026.
- UnoTV, Estado de México encabeza percepción de inseguridad; Coahuila registra la menor, 10 de septiembre de 2026.
- El Debate, ENVIPE 2026 revela la cifra negra y el tamaño de la inseguridad en México, 10 de septiembre de 2026.